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PRESENTACION La política implica conflicto; si todo el mundo estuviera de acuerdo con todo, nada permanecería, salvo la realización. La política también abarca los problemas que la gente percibe, ya sean reales o imaginarios, y para los que se buscan soluciones estatales. El trabajo de los políticos es buscar la forma de dar algún tipo de solución a estos problemas. Cuando los objetivos y los valores difieren, las respuestas a un problema de política sólo sirven para crear ganadores y perdedores a menos que se encuentre un principio de acuerdo trascendente. Como hemos destacado, en el mundo actual las políticas medioambientales crean hostilidad entre los interesados que se ven a sí mismos como perdedores y que a menudo poseen medios de defensa económicos, políticos y periodísticos.
Como el movimiento sobre el medio ambiente debe en gran medida recurrir a la acción social para llevar a cabo sus objetivos, y como esta acción frecuentemente debe producirse a través del gobierno, el «medioambientalismo» es inevitablemente político. Pero debido a la gran diversidad de sus afiliados rara vez presenta un único frente unido, sobre todo en lo que se refiere a la estrategia y las tácticas de la acción política. Fuera del campo de la controversia, así como dentro de ella, se hacen esfuerzos para informar y educar. Sin embargo, cuando estas medidas se convierten en esfuerzos manifiestos para lograr un objetivo disputado, surgen cuestiones de política sobre la sensatez y la legitimidad de formas alternativas de defensa y de acción.
En las sociedades democráticas más avanzadas los métodos más ampliamente utilizados para resolver los conflictos de las políticas medioambientales son: I) legislación, 2) litigio, y 3) mediación. En cada una de estas propuestas la ciencia desempeña un papel, como por supuesto lo hace en métodos más pasivos de información, educación, negociación y persuasión.
Una estrategia común al movimiento de defensa del medio ambiente en todas partes es la de revisar las reglas básicas bajo las que la sociedad funciona. Este objetivo se alcanza en sentido formal mediante leyes escritas: ordenanzas a nivel municipal, estatutos y disposiciones constitucionales a nivel provincial-nacional y tratados o acuerdos comparables a nivel internacional. Desde mediados del siglo xx se ha desarrollado una matriz de legislación sobre el medio ambiente que abarca todos los niveles políticos. La discusión sobre la esencia de esta recopilación de leyes se tratará en los Capítulos 7 y 8. La forma y el fondo de la legislación sobre el medio ambiente y de los acuerdos internacionales son el tema de muchos libros (Schneider, 1979; Caldwell, 1984), y aquí no podemos más que indicar su relación con el movimiento medioambiental.
El papel de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que tienen misiones relacionadas con la ciencia, es importante en la colocación de los problemas referentes al medio ambiente en los programas de los partidos políticos y en la presentación de información científica a los cuerpos legislativos. La proliferación de organizaciones no gubernamentales con orientación política ha sido un fenómeno de la segunda mitad de este siglo (Feld, 1972) y su crecimiento se ha destacado recientemente de forma especial en relación con los problemas sobre el medio ambiente.
Las organizaciones científicas han desempeñado el papel principal en la proporción de la base de información necesaria para las leyes y los tratados sobre el medio ambiente. En este proceso de elaboración de políticas y de reglas, la ciencia desempeña varios papeles. En primer lugar, la investigación científica a menudo ha descubierto la existencia de un problema o ha identificado la causa de fenómenos preocupantes. Por ejemplo la elaboración de leyes nacionales e internacionales a consecuencia de la investigación científica de la capa de ozono y de la acidificación de lagos, ríos, suelos v bosques. La legislación para controlar o evitar la contaminación medioambiental ha dependido en gran medida de la información científica, aunque debe saberse que las leyes redactadas por juristas y políticos a menudo usan la ciencia de forma selectiva para acomodar las preferencias políticas y a veces interpretan la prueba científica de formas que los científicos consideran normalmente sin fundamento.
La promulgación legislativa no resuelve por sí misma una controversia ni aplica una política. La validez de una ley o de una ordenanza puede ser recurrida por vía judicial por los que se oponen a ella o por los que creen que no trata realmente el problema que pretende resolver. Por tanto, el litigio es otro método para tratar el conflicto medioambiental en los países donde hay tribunales que se ocupan de este tipo de disputa. En muchos países los litigios sobre el medio ambiente que muy a menudo están relacionados con organismos gubernamentales se resuelven en tribunales administrativos. En los estados más modernos el primer foro para la acusación de un problema es un tribunal de audiencia dentro de un organismo gubernamental. Después se puede apelar ante los tribunales de justicia; esto se da mucho en los Estados Unidos, donde estos tribunales se han convertido en los principales expositores de la ley.
El litigio sobre el medio ambiente trata con frecuencia sobre discusiones acerca de la validez de hechos científicos alegados. Las partes en conflicto tratan de contar con la pericia científica para apoyar sus posturas. Debido al ámbito y a la complejidad de los problemas medioambientales, varias ciencias se pueden ver implicadas y los oponentes tratan de basar su caso en las ciencias que mejor apoyan su opinión o que mejor refutan la de sus adversarios. Sin embargo, los procedimientos judiciales rara vez están preparados para determinar la validez de hechos científicos o el peso que se les ha de dar con respecto a otros hechos. Pocos jueces están cualificados para las ciencias o para el razonamiento científico. Para compensar esta deficiencia. se han hecho unas propuestas para crear tribunales especiales que resuelvan los conflictos basados en interpretaciones de pruebas científicas, pero no parece que esta idea haya ganado aceptación (Nyhart, 1977; Leventhal. 1974).
En muchos paises, y sobre todo en Escandinavia, se prefiere la negociación - la conciliación a la lucha en los tribunales de justicia (Lundquist, 1974). La resolución de los conflictos medioambientales se negocia entre las partes directamente implicadas. Esto puede dar lugar o no a la mejor solución sobre los problemas del medio ambiente, si es que hay alguna. Normalmente es menos costosa y menos larga que los tribunales y de más fácil aplicación si las negociaciones dan lugar a un acuerdo entre las partes.
En Canadá y en los Estados Unidos la mediación por terceras partes, ajena a las partes en conflicto, se ha convertido en un servicio profesional a niveles locales internacionales (Amy, 1987: Cormick y Knaster, 1986). A falta de mediación real, también se realizan consultas entre adversarios potenciales (Utton, 1973). Estas formas de resolver los conflictos se pueden considerar no políticas, aunque algunos elementos de comportamiento político son inherentes a cualquier procedimiento que busque como resultado un compromiso politico. La mediación y la consulta funcionan mejor donde hay. en cuanto a suposiciones y valores. una base común suficiente para apoyar un consenso o capaz de ser ampliada para lograr este resultado (Proyecto Nacional de Politica para el Carbón, 1978). Aquí, el respeto mutuo hacia las pruebas y los criterios cientificos contribuye a la posibilidad de acuerdo para definir el problema en disputa y en la mutua aceptación de la prueba cuya importancia se acuerda.
El arbitraje es un método a mitad de camino entre la mediación y la sentencia. Supone el acuerdo de las partes para dejar la decisión en rnanos de un grupo de expertos. Este método no se ha utilizado a menudo en las disputas sobre el medio ambiente, aunque potencialmente tiene las ventajas que se piden para los tribunales especiales de ciencia. Sus usos más notables han sido resolver las controversias que surgían en el ámbito de la ley internacional. La controversia sobre la Nube de la Fundición entre Canadá y los Estados Unidos es el principal caso de arbitraje medioambiental internacional hasta la fecha (Trait Smelter Arbitral Tribunal, 1935; Dinwoode, 1972).
Finalmente, se debería reconocer otro enfoque de la controversia medioambiental, aunque su estrategia consiste en elevar y dramatizar el conflicto como paso hacia una resolución final. Este enfoque se ha descrito como acción directa o como guerra de guerrillas ecológica. Ha sido adoptada por grupos de los movimientos de defensa del medio ambiente fuertemente motivados al fracasar los medios legales o convencionales para evitar la destrucción del medio ambiente. Otras expresiones más moderadas del descontento activista son anuncios pagados en los periódicos, manifestaciones en la calle, piquetes y boicots y bloqueo del acceso a las oficinas, a las autopistas o a los lugares de controversia (por ejemplo, a las plantas nucleares o a los bosques amenazados por la explotación forestal). Estas acciones pueden ser, o no ser, consideradas no violentas. Los esfuerzos de organizaciones medioambientales internacionales ilustran acciones límites para frustrar la matanza de bebés-foca rociando su piel con una pintura que estropea su uso para objetivos comerciales. Greenpeace también ha intentado obstaculizar las maniobras de los balleneros rusos y japoneses y los ensayos de armas nucleares de los franceses. Los llamados balleneros piratas (es decir, los que no respetan las cuotas fijadas por la Comisión Internacional de Caza de Ballenas) son el objetivo de muchos grupos defensores del medio ambiente que descubren y hacen públicas sus actividades.
Cuando se sorprende a una de estas empresas fuera de la ley o manifiestamente en contra de ella, algunos grupos de defensores del medio ambiente están dispuestos a recurrir a la violencia selectiva. Esto es especialmente cierto cuando una destrucción irreversible amenaza de forma inmediata ecosistemas o especies medioambientales y no se puede disponer de medidas defensivas más ortodoxas en el tiempo requerido. En estos enfrentamientos, la violencia no es siempre privativa de los activistas defensores del medio ambiente. Los intereses privados, corporativos e incluso gubernamentales han recurrido a una destrucción o a un deterioro rápido, no anunciado y definitivo de un lugar, de un ecosistema e incluso de una especic viviente en conflicto para eliminar cualquier argumento de protección del medio ambiente. Esta forma de crear un hecho consumado, que por tanto deja a los integrantes del movimiento de defensa del medio ambiente sin nada que proteger, se llama «ecocidio» y lo utilizan con deleite aunque con poca frecuencia, los más firmes oponentes del movimiento de defensa del medio ambiente. La respuesta de guerrilla consiste en llenar de arroz los radiadores de las excavadoras, en echar arena en el aceite y clavar clavos en los árboles de los bosques amenazados por las motosierras. Estas medidas se toman menos con la esperanza de detener la destrucción medioambiental que con la de llamar la atención pública sobre el problema. Los activistas utilizan estos métodos para obligar a los burócratas a que apliquen la ley sobre todo donde los explotadores del entorno actúan ilegalmente. Generalmente la ciencia no contribuye a la resolución de estos conflictos. Su papel adecuado es el de analizar las políticas públicas que gobiernan los problemas en los que surgen estas controversias.
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